Oracle cesa servicios en Venezuela por sanciones


Caracas | 12 oct. 2019 | Fuente: eluniversal.com

La compañía de tecnología de información norteamericana Oracle envió cartas a sus socios en Venezuela informándoles que no continuará trabajando con ellos, para así cumplir con la Orden Ejecutiva 13.884 impuesta por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que impone sanciones económicas a la nación.

Según bleepingcomputer.com, los socios comerciales ubicados en Venezuela han estado recibiendo cartas de Marcio Silveira, vicepresidente sénior, consejero general regional y oficina regional de ética y cumplimiento de Oracle, que indican que esa empresa no podrá seguir prestando sus servicios en Venezuela.

El anuncio sobre esta retirada de Oracle ocurre dos días después de que la empresa Adobe, que ofrece aplicaciones de diseño gráfico, edición de audio y video, suspendiera sus servicios en Venezuela, aunque la carta tiene fecha del 26 de septiembre pasado.




Oracle es el mayor proveedor comercial de software de bases de datos del mundo, cuyas aplicaciones se usan para el manejo masivo de datos en bancos, empresas de seguros, financieras, universidades e instituciones privadas y públicas.

El sitio web bleepingcomputer.com indica que “no debe vender ningún servicio, producto, hardware o software de Oracle a ningún cliente nuevo ni participar en ningún negocio nuevo con clientes existentes. En la medida en que existan obligaciones legales continuas con los clientes existentes, Oracle está evaluando los requisitos e impactos de las leyes y regulaciones de los EEUU según cada caso y realizará un seguimiento con usted y/o el cliente, si corresponde, con orientación o instrucción adicional”.

Según la información, “numerosos usuarios finales han recibido la misma carta de otros proveedores y VAR con sede en Venezuela”.

Al igual que Adobe, la interrogante es que no está claro por qué Oracle está apuntando a todos sus socios en Venezuela en lugar de solo a las personas asociadas con el “Gobierno de Venezuela”, como lo exige la Orden Ejecutiva 13.884, lo que demuestra que las sanciones no son solamente al Gobierno. De hecho, la misma carta habría sido enviada a otros proveedores con sede en Venezuela.

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